Salvado por la campana, Joe Biden obtuvo un "compromiso histórico" para favorecer la migración legal. Veinte países de la región, incluidos incluso algunos cuyos presidentes no viajaron a California para mostrar su incomodidad con Estados Unidos, firmaron el viernes la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que supone un avance inédito y asoma cierta unidad de acción más allá del forcejeo político que ha marcado la IX Cumbre de las Américas.
"Es la primera vez en el hemisferio que nos reunimos para compartir la responsabilidad por el desafío migratorio", concluyó el secretario de Estado, Antony Blinken, cuando hacia la frontera que comparte con México caminan miles de desheredados procedentes de Venezuela, Honduras, Cuba, Haití y otros países de la región.
Las expectativas eran tan bajas y la presión política de las tres dictaduras y de sus aliados de tantos decibelios que al final la Casa Blanca siente cierto alivio cuando el país mira de reojo a Los Ángeles, concentrado en lo que sucede en torno al proceso por el asalto del Capitolio.
El objetivo de las 20 naciones (EEUU, Canadá, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Belice, Barbados, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay y Argentina) es reforzar la emigración legal, reforzar las ayudas económicas a los más desfavorecidos y facilitar la devolución de quienes son rechazados. La lucha contra el cambio climático, que tanto ha golpeado Centroamérica y el Caribe y ha empujado la migración, también tiene su capítulo aparte en los acuerdos.
Con el primer paquete de 314 millones de dólares, Washington promoverá "alivio" humanitario para refugiados y migrante vulnerables, entre ellos los venezolanos, una de las grandes diásporas del planeta. Entre sus compromisos concretos también destaca que recibirá a 20.000 refugiados latinos en los próximos dos años
Un programa piloto, valorado en 65 millones de dólares, promoverá el trabajo temporal para empleados temporales de Centroamérica y Haití. Tanto Canadá (50.000 trabajadores) como México (20.000) integrarán a refugiados en su mercado laboral.
Una de las grandes asignaturas pendientes es el sistema de asilo en sus fronteras, desbordadas hoy por oleadas de emigrantes. Desde el mes pasado, la administración intenta acelerar la tramitación de las solicitudes para quienes cumplen los requisitos.
"La declaración, que incluye compromisos importantes para promover la migración segura, ordenada y legal, es positiva porque responde indudablemente a la urgente necesidad de atender los desafío y abusos que enfrentan millones de migrantes en las Américas", reaccionó Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
"En el papel suena bien, pero todo dependerá de la implementación y sobre todo de cómo van a manejar la frontera", puntualizó para EL MUNDO María Puerta Riera, profesora de gobierno americano en Florida.
De momento, un alivio para Biden, "que está enfrentando una difícil situación doméstica: la inflación y el precio de la gasolina siguen aumentando y la Bolsa rompió un récord a la baja. El presidente demócrata tiene una prioridad: evitar una derrota más severa de la que se espera para las elecciones a medio mandato de noviembre", concluyó la politóloga.
Los seguidores de Trump acusan al gobierno de promover la emigración ilegal, mientras los propios seguidores de Biden le recuerdan su promesa electoral de "humanizar" la emigración.
Pese a que el acuerdo está rubricado por algunos de sus aliados, como México y Argentina, la reacción desde La Habana no se hizo esperar. "Es muestra de su visión (EEUU) racista, xenófoba y expoliadora de los migrantes. No entiende en modo alguno las causas reales de la migración", abundó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien llamó al diálogo y la "colaboración genuina" de todos los gobiernos implicados.
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